Guía para engañar a las víctimas de accidentes de tráfico

Erase una vez el baremo de tráfico: Guía para engañar a las víctimas

Cualquier parecido de esta guía para engañar a las víctimas de accidentes de tráfico con una historia real sucedida en este país es mera casualidad

Hoy me he propuesto fantasear con la existencia de una guía para engañar a las víctimas de accidentes de tráfico. He decidido sustentar esta ficción sobre la posibilidad -obviamente irreal y por ende invesorímil- de que los poderes públicos cedieran a las presiones de los lobbys aseguradores y permitieran que se creara (con la colaboración de otros sectores a su vez deudores de sus propios  y egoistas intereses) un sistema de reclamación y cálculo de indemnizaciones que, bajo la apariencia de suponer una mejora en el resarcimiento de los lesionados, implicara de facto la castración de buena parte de los derechos de éstos.

Obviamente, como digo, se trata de una mera ficción fruto de la calenturienta imaginación de unos abogados de accidentes de tráfico en Tenerife. Nadie se atrevería a crear una norma tan obscenamente parcial como la que sigue, y aún menos nuestros poderes públicos (de derechas primero y luego de izquierdas) la mantendrían en vigor pese a la evidencia de su injusticia y el daño que la misma está (hubiera estado) causando a miles de ciudadadanos inocentes al año.

Las oscuras razones de la reforma

Empecemos imaginándonos lo inimaginable: un gobierno cuyo interés primordial no es servir a la ciudadanía, sino perpetuarse en el poder. Imaginemos que este gobierno, en época de crisis, ha de efectuar recortes presupuestarios en aquellos sectores cuyo déficit no suele implicar una minoración significativa en el número de votantes (educación, justicia, sanidad…). Imaginemos que cuando toca aplicarle la tijera a la justicia, alguien menciona que el gran número de reclamaciones de indemnización por lesiones en accidente de tráfico que la ciudadanía se empeña en llevar a cabo está colapsando los juzgados de instrucción.

Obviamente, ante esta situación en la vida real el político de turno reaccionaría aumentando la plantilla de justicia e implementando nuevos juzgados (o incluso ampliando el horario de los mismos, para que abrieran también por la tarde), pero como estamos pergeñando una guía para engañar a las víctimas totalmente inventada, imaginemos que en lugar de dotar de los recursos necesarios al Ministerio, lo que hacen nuestros políticos es despenalizar los accidentes de tráfico, de tal modo que se cercene de raíz el acceso gratuito a la justicia por parte de las víctimas.

Podemos introducir paralelamente a nuestra farsa dos colectivos igualmente fictícios e irreproducibles en la intachable realidad: unas multinacionales del ramo asegurador desprovistas de cualquier conmiseración respecto de las víctimas/clientes y solo guiadas por un inmisericorde afán de lucro, y unas asociaciones de víctimas que en buena parte no son sino la interfaz de importantes despachos jurídicos especializados en reclamación de asuntos graves y a las que por ende el destino de las víctimas de accidentes menos graves les queda en un lugar muy, muy lejano.

Estos tres intereses espurios se conjugarían en nuestra siniestra trama simulada (en adelante STS) como sigue: el poder político, tras expulsar a las víctimas de accidentes del paraiso de la jurisdicción penal, recibe con buenos oídos la propuesta de sancionar un nuevo baremo elaborado por los otros dos colectivos, que a su vez le han prometido que con el mismo se acabará con la conflictividad derivada de las indemnizaciones (lo cual en el fondo es maquiavélicamente cierto) y que además la adopción del mismo implicará que Españistán se ponga en la misma avanzadilla normativa que el Reino Unido o Alemania en la materia (lo cual resultará ser rotundamente falso). Obviamente, como en todo cuento maléfico que se precie, los intereses de la comisión creadora del baremo no pasan por ahí, sino -obviamente- por reducir las indemnizaciones a las víctimas en el caso de las aseguradoras y en aumentar la indemnización de sus clientes (lesionados graves, muy graves o entorno crediticio de fallecidos) las asociaciones/despachos.

El desenlace es inevitable: el gobierno delega la elaboración de un nuevo baremo a una comisión que nadie sabe ni quiere saber quién ni cómo ni en base a qué méritos o postulados se elige, y lo que acaba cristalizando es un sistema que beneficia enormemente a las aseguradoras, en cierta medida a los grandes lesionados, y desmenuza cualquier atisbo de alcanzar una indemnización justa para el 99 por ciento de víctimas leves o moderadas. ¡La guía para engañar a las víctimas de accidentes de tráfico acababa de nacer!

¿Unas estadísticas (por supuesto, inventadas) para aderezar nuestra guía para engañar a las victimas de accidentes de tráfico?: Las indemnizaciones para casos graves han subido un 6% respecto al baremo antiguo. Las indemnizaciones por casos no graves han bajado de media un 47%. Los beneficios de las aseguradoras se han disparado por tres (un pajarito virtual me hacía ver que casi todas las grandes aseguradoras están cambiando o remodelando sus sedes con gran ostentación y similar sinvergonzonería).

El Necronomicón como inspirador del baremo

Llegado a este punto del relato, nos planteamos en FM Abogados Tenerife si sería posible diseñar un baremo de tráfico con tales carencias y desequilibrios que por un lado perjudicara a las víctimas (salvo las arropadas por las asociaciones) y al tiempo impidiera que los juzgados de instancia sufrieran un desembarco de pequeños y medianos lesionados que pudieran desbordar las instituciones judiciales y propiciar que -por ejemplo- las partidas de defensa o cualesquiera otras en que fuera propicio desviar un 3% hacia algún sobre sin remite tuvieran que minorarse para atender estas deficiencias sin importancia que sufre la ciudadanía.

Fueron necesarias varias malas noches para al menos poder apuntalar unas cuantas ideas útiles que permitieran boicotear el sistema de reclamación y cálculo de indemnización antiguo, y  que constituirán el armazón ideológico de nuestra guía para engañar a las víctimas de accidentes de tráfico . De forma sucinta y apenas esquemática se las presento:

1. Lo primero es desnivelar el tablero de juego. Por lo tanto, hay que sustituir el sistema de valoración basado en un perito objetivo (médico forense) por otro en el cual la iniciativa y la voz cantante la tenga un perito de la parte poderosa.
2. Pero eso no es suficiente. A ese perito (en el cuento estoy barajando denominarle «Gran Hacedor del Informe Médico Definitivo y Concluyente») le tenemos que dar preponderancia sobre aquél al que hipotéticamente pueda acudir la víctima. Esto se me ocurre hacerlo a través de tres procedimientos (alternativa o acumulativamente):
   1. No permitir la entrada de un perito judicial hasta que el paciente no esté dado de alta y el seguro no haya enviado su oferta. Subsidiariamente impedir que la dicho forense pueda comparecer en el juicio, no sea que convenza al juez.
   2. Inventar un sistema de rechazo tras el cual a la víctima no le quede ni tan siquiera la opción de acudir a un forense (léase respuesta motivada por falta de nexo causal derivada de una supuesta falta de intensidad en la colisión acreditada por un informe de biomecánica sustentado en la factura de talleres Manolito, o algo más rebuscado aún)
   3. Evitar que la ley de contrato del seguro incluya entre los gastos de reclamación que han de incorporar las coberturas de defensa jurídica de las pólizas los inherentes a la contratación de un perito médico privado. Esto en un contexto en que se permitiría a las aseguradoras limitar hasta cantidades irrisorias las coberturas de reembolso juridico de sus productos. Como Mapfres Irrealis, que tendría una cobertura de 600 euros por siniestro (a repartir entre los damnificados) a fin de cubrir los honorarios de abogados y procuradores.
3. Sería aconsejable desalojar  al accidentado de su habitual papel de víctma y llevarlo a un escenario a medio camino entre el de sospechoso y el de cooperador necesario. Así, le podríamos exigir en nuestra guía para engañar a las víctimas  por ejemplo que sin conocimientos de la materia redacte o encargue una reclamación inicial que cumpliera unos determinados y no sencillos requisitos y sin la cual perdiera cualquier derecho a cobrar, le podemos impeler a que se deje visitar por el Gran Hacedor del Informe Médico Definitivo y Concluyente dónde, cómo y cuando este quiera, podemos dejar sin castigo a la aseguradora si no cumple con la contrapartida de hacerle partícipe del informe pericial, le podemos exigir al perjudicado que su coche presente unos daños mínimos, que tarde un tiempo máximo en acudir al hospital, que constate que en el parte de urgencias se reflejan con meridiana claridad todas las dolencias que se deriven del accidente de tráfico, que un facultativo jure por Dios que entre todos los portadores de un latizado cervical él es el único sin ánimos de estafar a las aseguradoras, que tenga la solvencia necesaria para contratar de su cuenta peritos médicos, procuradores, abogados y hasta si se tercia reconstructores y biomecánicos para estar a la altura de la corporación con la que se juega los cuartos, que tenga fondo de bolsillo suficiente para afrontar una condena en costas que su seguro no querrá devolverle, que se encuentre trabajando, contratado y provisto de un buen sueldo si quiere acceder a indemnizaciones mejoradas como días moderados, complementos de secuela y lucros cesantes en general, que acuda sin chistar a clínicas concertadas controladas por las aseguradoras, donde queda prohibido hacer prueba alguna y los días de tratamiento finalizan a demanda del pagador, y siempre de forma anticipada y en múltiplos de cinco, etc.
4. La norma que dé cabida a estas perversiones ha de ser naturalmente incomprensible, oscura y farragosa, tanto que obligue a los tramitadores de siniestros, abogados de compañía y letrados de víctimas a acudir a cursos de varias semanas para enterarse mínimamente cómo utilizar la guía para engañar a las víctimas. En contraposición sería muy interesante que esta ley se desplegara en juzgados de instancia dirigidos por jueces sin formar en la materia y a través de los mismos procedimientos por lo que discurren otros asuntos judiciales que nada tienen que ver con las especialidades de una reclamación por accidente de tráfico. Es especialmente importante para nuestra simulación que nada recuerde ni apoye el hecho de que una de las partes que confluyen a la vista es la víctima de un siniestro, así que olvidémonos de la intervención de forenses, fscales, e incluso dejemos en manos del propio abogado de la aseguradora si la víctima en sí tiene algún derecho a ser oído. Irrumpamos con todos estos pormenores en una jurisdicción ya a tope de trabajo como la civil y elevemos el porcentaje de lo incomprensible convirtiendo un debate jurídico en un espacio donde se discute sobre medicina y fórmulas físicas de desplazamiento e intensidad, hasta conseguir atribular a un juez que ni tiene los conocimientos ni la preparación ni el tiempo ni en muchos casos el interés para adentrarse en el estudio de otras ramas del conocimiento a fin de poder apoyar con sus propias palabras y total comprensión una sentencia estimatoria.
5. Nuestra proyectada guía para engañar a las víctimas de accidentes de tráfico no estaría completa si no se parapetara bajo la trepadora esencia de la desesperanza. Así, el accidentado ha de percibir que cualquier acción en busca de una indemnización más justa va a comportar una inversión de tiempo, gasto y riesgo directamente proporcional. Que los requisitos para optar a un incremento indemnizatorio habrán de pasar por pruebas tan surrealistas e inviables como acreditar las actividades de ocio que antes podía hacer y ahora no (¿cómo se demuestra que usted antes salía con los niños a jugar y ahora no puede?) o como acreditar que esa hernia que aparece en la resonancia magnética no la teníamos antes del accidente (como si todo el mundo se fuera haciendo resonancias con periodicidad mensual). Se ha de acabar preguntando la víctima: «¿todo esto para qué?» cuando se plantee rechazar la mísera oferta de la aseguradora. La propia desesperanza ha de llevarse incluso a la convicción de que la norma no mejorará con el tiempo, y para ello el plan maligno incluye en la propia ley su propia manzana envenenada: la misma o similar comisión de incierta procedencia encargada de gestar el desastre será la que velará para que solo mejoren los intereses que ésta representa (los de las aseguradoras y los de los accidentados graves) aún a costa de zamparse en sus reuniones las perdices del cuento de terror de los damnificados de segunda.

En busca de un final feliz

No debería haber cuento -por muy terrorífico que fuera- sin un final feliz o cuanto menos sin una rancia moraleja que echarse a la boca. Por eso me devané los sesos a bien de dotar a nuestra guía para engañar a las víctimas de accidentes de tráfico de un final que los hipotéticos lectores (que, recordemos, viven en un mundo ideaaaal donde ninguna de estas maldades acontecen) pudieran entender y trasegar.

Y en estas que recibí la no visita de un pajarillo irreal que tras hacerme prometer que interpretaría su mensaje en su pertinente clave onírica, me dijo: «la posibilidad de que los accidentes de tráfico vuelvan al código penal a la que te referiste el otro día está cada día más complicada. Ello es debido a que los representantes del PSOE, que cuando estaban en la oposición se mostraban favorables a la reforma, han decidido ahora unirse a la negativa del PP a la reversión del código, debido a que al parecer alguien les ha dicho que de actuar así se colapsarían los juzgados de instrucción y sería necesario invertir unas partidas presupuestarias que ahora tienen comprometidas para otros asuntos con mayor rédito electoral y del otro»

Y colorín colorado, este cuento acaba donde había empezado.