Aceptar la indemnización del seguro tras accidente de tráfico (o no)

¿Cómo saber cuándo aceptar la indemnización del seguro?

Sufrí un accidente de tráfico y tras la rehabilitación me han hecho una oferta ¿Cómo sé si he de aceptar la indemnización del seguro o es mejor ir a juicio?

Saber cuándo se debe aceptar la indemnización del seguro, cuándo hacer una contraoferta y cuándo poner una demanda es posiblemente una de las partes más difíciles a la hora de gestionar una reclamación por lesiones.

Y es difícl tanto para el cliente como para su abogado, ya que son muchos los factores que se han de tomar en consideración antes de dar el sí o el no a la oferta, tales como el tiempo que conllevará un procedimiento judicial, la posibilidad real de mejorar lo que nos ofrecen e incluso el temor a una hipotética condena en costas si al final el juez se alinea con lo ofertado por la aseguradora responsable.

Vamos a intentar pues en este artículo de Abogados Tráfico Tenerife -dentro de lo complicado que resulta generalizar una cuestión como ésta- fijar una serie de criterios que nos sirvan a la hora de sopesar si aceptar la indemnización del seguro. Si bien cada caso y cada aseguradoras es un mundo aparte, sí que es verdad que hay una serie de factores comunes que nos permiten extraer una metodología -aún rudimentaria- en nuestra toma de decisiones.

La evolución de la oferta

A la hora de aceptar la indemnización del seguro o rechazarla hemos de partir de una verdad tan inconmovible que resulta de perogrullo: las prisas y los resultados son enemigos irreconciliables. Conviene saber que los tramitadores de las aseguradoras asisten con bastante asiduidad a cursillos  donde se les adiestra en protocolos encaminados ora a «tentar» a los accidentados, ora a «desgastarlos» hasta que acaben aceptando ofertas inferiores a las que serían correctas (este letrado, que hace mucho tiempo fue tramitador, «se disfrutó» unos cuantos de estos cursillos, lo cual me ha permitido tener una idea bastante exacta de la manera de actuar off the records de las compañías de seguros)

Por lo tanto, lo primero que hemos de saber es que la oferta que nos hace la aseguradora no es -salvo muy raras excepciones- algo inmutable. Si tuviéramos que establecer las fases de la oferta, sería pausible que la cosa evolucionara como en el siguiente ejemplo:

En una primera instancia, el perito médico de la aseguradora pasa un preinforme al tramitador, en el cual suele detallarse la cantidad máxima que podría indemnizarse a la víctima del accidente de tráfico. Pongamos, por ejemplo, que el máximo a indemnizar serían 30 días moderados, 50 básicos y dos puntos de secuela. Esto daría unos 4.600 euros, que es la cantidad que el tramitador asignará como provisión de reservas para ese expediente (la provisión de reserva es una cantidad que se inmoviliza en la aseguradora para asignarla al posible pago de un siniestro).

Pero no piensen ni por asomo que el tramitador ofrecerá al accidentado los 4.600 euros. Lo más probable es que si percibe que el lesionado no tenga abogado le ofrezca una indemnización en números redondos (entre 1.000 y 1.500 euros) y si el lesionado tiene abogado privado le ofrezca una cantidad superior y desglosada conforme al baremo de tráfico, como 80 días básicos, sin secuelas, que nos llevaría a 2.400 euros.

Aquí ya la pelota está en nuestro alero y debemos decidir si aceptamos o no la oferta del seguro. Posiblemente este primer ofrecimiento lo recibamos cuando el lesionado lleva entre uno y dos meses de alta médica, y es posible que ya empiece a estar un poco nervioso ante la tardanza en el cobro. Esta demora está calculada por las aseguradoras para generar ese estado, y de hecho las compañías suelen realizar sus propias campañas de ofertas express coincidiendo con los meses de julio y de diciembre, que es cuando el personal anda más apurado y necesitado de ingresos extraordinarios.

La labor del abogado, en el ejemplo que nos ocupa, es la de seguir un camino diametralmente opuesto al del tramitador: Ello entraña evaluar los conceptos indemnizatorios que en base a nuestro leal saber y entender consideramos que pueden prosperar en un juicio y una vez obtenida una cantidad mínima generar una contraoferta considerablemente superior a dicha cantidad. De lo que se trata es de crearnos un margen de seguridad que nos permita negociar a la baja para encontrarnos en la oferta que consideramos que podemos aceptar, y al mismo tiempo devolver al tramitador algo de la inseguridad que él mismo pretende infundirnos, dándole a entender que no tenemos prisa y que llegaremos hasta donde haga falta. Por ejemplo, en el caso planteado como abogados del accidentado probaríamos con contraofertar 50 días moderados, 30 básicos y tres puntos de secuela.

Lo siguiente que pasará tras nuestra contraoferta es que no pasará nada. El protocolo de las aseguradoras pasa por darnos a entender que ni por asomo van a tomar en consideración ninguna subida sobre la propuesta inicial, y mucho menos se van a acercar a la animalada que les estamos reclamando. Asi, nos castigarán con un mes de silencio que en ocasiones culminarán contactando con nuestro cliente para reiterarles la oferta inicial. Este periodo es especialmente duro para los abogados, ya que tendemos a perder la confianza del cliente, que considera que le estamos haciendo perder el tiempo para nada, pero si conseguimos pasar este escollo tendremos bastante camino avanzado.

Nuestra siguiente jugada, transcurridos los tres meses de nuestra reclamación inicial, es enviar un mail a la aseguradora indicando que pasamos el asunto a jurídico. Es habitual que cuando las negociaciones se dan por rotas, el tramitador derive el expediente a su superior o al departamento prejudicial. En la mayoría de casos, esto se traduce en una nueva oferta más acercada al tope de la reserva constituida para este siniestro. En el caso del ejemplo, cabría que se ofertaran unos 3.500 euros.

¿Por qué 3.500 euros y no más ni menos? Muy sencillo: la aseguradora sabe que si decidimos no aceptar a indemnización del seguro las negociaciones se darán por rotas definitivamente y que en consecuencia el accidentado tendrá que pagar – además del abogado- un procurador y un perito, que para el caso que nos ocupa vendrían a suponer un gasto extra de casi mil euros. Por lo tanto, ante esta tesitura es muy fácil que el cliente acabe claudicando, y aún más con el desgaste que a estas alturas llevará.

Una última vuelta de tuerca

La anterior transacción sería más o menos plausible, y muy probablemente el cliente se muestre satisfecho con la misma ya que tendrá la percepción de haber conseguido que la aseguradora ceda hasta un cierto punto. Pero, si contamos con la total confianza del accidentado, podemos igualar un poco más la partida.

Para ello necesitamos interponer la demanda. Y aunque ello nos implicará un sobrecoste en forma de honorarios de procurador y perito médico, es bastante probable que lo acabemos amortizando.

Y es que cuando nuestra demanda llegue a la aseguradora muy probablemente el expediente vuelva a cambiar de tramitador, y se haga cargo el inspector de zona (antes lo derivaban al abogado de la compañía, pero hasta eso les han quitado). El inspector se va a hacer el siguiente planteamiento: si voy a juicio sería plausible esperar que me toque pagar los 4.600 euros vaticinados por mi perito, a los cuales deberé sumar los honorarios de abogado, procurador y perito médico, y a la imposición de intereses de demora, con lo cual a cosa se me remontará a casi 6.000 euros.

Ahí es cuando, en nuestro ejemplo, acabamos por aceptar la indemnización del seguro por un importe final de 5.500 euros.