Salvo en los casos de divorcio de mútuo acuerdo en que el abogado ha tomado la prevención de incluir en el convenio regulador la liquidación del régimen de gananciales de los cónyuges, esto es, cómo se procede al reparto del activo y el pasivo de la pareja, sucede que recae una sentencia de un juzgado de familia de Tenerife donde se indica que el matrimonio se ha divorciado y que cada cónyuge puede hacer su vida como le plazca.
Lo que sucede es que si bien esa sentencia de divorcio establece cuestiones como la guarda y custodia de los hijos, la pensión de alimentos, el uso de la vivienda conyugal, etc, los bienes que eran de los dos siguen siendo de los dos, así como las deudas. Y ello a la larga es una fuente inagotable de problemas. Por ejemplo, deudas contraidas por el matrimonio con un banco que tras el divorcio uno de los dos excónyuges no paga, con la indeseada consecuencia que el otro acaba viendo embargada su nómina. O cuando el cónyuge que se queda con el uso de la vivienda decide no pagar la comunidad, y de repente el que ha salido del domicilio conyugal se topa con un embargo en su cuenta o nómina (ya que encima las demandas por impago de comunidad de propietarios se suelen notificar en el propio domicilio por el que se devengan las cuotas, por lo que en muchas ocasiones quien no reside ahí no tiene noticias del impago hasta que no es demasiado tarde), etc, etc.
Uno de estos inconvenientes derivados del estado de indefinición en que queda el patrimonio de los cónyuges por no disolverlo al tiempo del divorcio nos lo encontramos en FM Abogados Tenerife muchas veces vinculado con el hecho de que quien se queda con el uso del domicilio conyugal no es el mismo que paga la hipoteca del mismo (o al menos no la totalidad). Sucede entonces que el litigante que ha de abandonar la vivienda que fuera del matrimonio prefiere en caso de apuro económico pagar la mensualidad del alquiler en que pasa a vivir que la de la hipoteca del inmueble que no disfruta. Si la situación de impago se prolonga el tiempo suficiente, resulta que el cónyuge que permanece en la vivienda (normalmente con hijos menores a su cargo residiendo en la misma) se ve implicado en un procedimiento de desahucio, en el cual aunque alegue que existe una sentencia judicial de divorcio que le otorga el uso de la vivienda ha de abandonar ésta por exigencia de la entidad bancaria que se queda con la misma.
Para evitar problemas como estos en FM Abogados Divorcio Tenerife recomendamos encarecidamente liquidar todo el patrimonio de los cónyuges a la mayor brevedad posible. Se evitará muchos quebraderos de cabeza.
