modificación del código penal en accidente de tráfico

Propuesta de modificación del Código Penal en accidente de tráfico


Nos informa nuestro compañero Francisco Parrés, siempre activo en la lucha por la causa, de una  proposición de ley orgánica de modificación del código penal en materia de imprudencia en la conducción de vehículos a motor (pueden descargarla desde este enlace) que con fecha 22 de julio de 2021 el grupo parlamentario socialista ha presentado a la mesa del congreso de los Diputados.

En concreto se propone la modificación del artículo 152 del Código Penal, consistente ésta en la supresión de la frase “apreciada la entidad de esta por el Juez o el Tribunal” referida a la facultad por parte del juez de instrucción de dar continuidad o archivar las denuncias por accidente de tráfico con lesiones atendiendo a su propio criterio.

LA ANTERIOR (Y FALLIDA) MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PENAL EN ACCIDENTE DE TRÁFICO

Puede parecer la precitada modificación algo trivial, pero en absoluto lo es. De hecho, la misma viene a corregir el grave error del que adolecía la anterior reforma, y que ya denunciamos en su momento.

Y es que en su redacción actual el artículo 152, si bien establece unas premisas objetivas para la incoación de un procedimiento penal por lesiones en accidente de tráfico (la presunta infracción grave de las normas de tráfico por parte del denunciado), dejó una “vía de escape” por la cual era el juzgador de instrucción quien en última instancia, atendiendo a la gravedad de la infracción, decidía si el procedimiento debía archivarse o proseguir.

Esta facultad de los jueces, al menos en el ámbito geográfico en que este despacho se mueve (así como por las referencias que tenemos de otros despachos asentados en comunidades diferentes) ha acabado derivando –tal como la propia exposición de motivos de la modificación del código penal en accidente de tráfico indica- en un archivo masivo e indiscriminado de la mayoría de las denuncias que han ido llegando a los juzgados de guardia de las diferentes poblaciones.

Era por ello necesaria la actual reforma del código penal, no solamente por una cuestión de justicia hacia las víctimas de accidentes, sino por una mera cuestión de lógica jurídica: y es que los jueces están para interpretar y cumplir la ley, no para suplirla. ¿Dónde se ha visto que se fijen unos parámetros claros para determinar la existencia de un ilícito penal (la comisión de una infracción tipificada como grave en el artículo 76 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial) y que al tiempo se permita al juzgador –y encima antes de iniciarse la instrucción de la causa- pasar por encima de la norma y hacer prevalecer su propio criterio sobre la existencia del delito (y además en base a cuestiones que debieran derivarse de la instrucción y no de la admisión, como la gravedad de los hechos).

LA SITUACIÓN ACTUAL DE LAS VÍCTIMAS DE ACCIDENTE DE TRÁFICO

Nos hemos extendido suficientemente en otros artículos de este site al respecto, lo cual no obsta para que resaltemos algunos de los destrozos que el binomio despenalización + baremo 2016 han generado entre el colectivo de víctimas:

  • Valoración de los lesionados por peritos médicos a sueldo de las aseguradoras obligadas al pago.
  • Plazos larguísimos para hacer valer el derecho de los accidentados a una reclamación judicial
  • Gastos prohibitivos para acudir a los tribunales: abogados, procuradores, peritos médicos.
  • Todo ello bajo la amenaza de una eventual condena en costas a las víctimas.

Podríamos añadir aún cuestiones de creciente incidencia, como rechazos de indemnización al amparo de supuestas faltas de intensidad en la colisión (pertrechadas tras facturas generadas a la baja por los talleres de confianza de las aseguradoras), el hartazgo de los jueces de instancia ante la avalancha de juicios interminables en que se discute sobre cuestiones abstrusas (medicina, física), etc.

LOS LOBBYS ASEGURADORES CONTRAATACAN

Con una celeridad digna de mejor causa, ya ha aparecido en la red algún artículo de opinión que, al evidente dictado de las compañías de seguros, clama contra la propuesta de reforma del código penal en accidente de tráfico.

Vienen a decir estos artículos que dicha propuesta tilda a los jueces de instrucción de prevaricadores, por cuanto ésta da por hecho que son abrumadora mayoría los que están archivando las denuncias “a limine”, sin ampararse en los criterios de gravedad que impone la norma.

Sin ánimo de meternos en más jardines de los necesarios, diremos que cuando las denuncias se archivan sin ni tan siquiera tomar declaración a las partes, ni a los testigos, y sin solicitar atestados, etc, esto es, sin hacer acopio de las pruebas que permitan analizar la presunta gravedad de los hechos encausados, es señal de que algo no está funcionando como debiera.

Y todo ello, repito, porque se le ha conferido a los jueces un privilegio insólito, que es decidir cuándo se aplica o no la ley, es decir, cuándo –a pesar de que la conducta que se denuncia se incardina dentro de los supuestos de la norma – deberá ser merecedora o no  del reproche penal estipulado.

EL FUTURO QUE SE ABRE, Y ALGUNAS PREGUNTAS

La propuesta de modificación del código penal en accidente de tráfico nos debería retrotraer al escenario en que nos hallábamos a principios del ya lejano 2015.

Esto es, bastará una denuncia del perjudicado para iniciar el procedimiento de reclamación frente a la aseguradora, y para que la víctima sea valorada por el médico forense adscrito al juzgado más próximo al domicilio del accidentado.

A partir de ahí, tras el informe forense o se alcanza un acuerdo indemnizatorio, o se celebrará el oportuno juicio (para que que no será preceptiva la intervención de perito ni procurador). En caso de sentencia absolutoria, aún le cabría a la víctima la posibilidad de solicitar un auto de cuantía máxima.

Desde luego es un escenario mucho más propicio para las víctimas, aunque nos preguntamos si no sería necesario armonizar la LRCSCVM con esta nueva vía de reclamación, en cuestiones como cuál debería ser el informe médico concluyente, si la denuncia viene a equipararse a la reclamación inicial del artículo 7 del mismo cuerpo legal, o la no intervención de los forenses en caso de respuesta motivada por parte del seguro.

Estas y otras cuestiones deberían hallar una regulación homogénea y unívoca, a fin de conseguir que de una vez por todas las víctimas de accidentes en España gocen de los mismos derechos que sus homólogas europeas.


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