La reforma del Código Penal la nueva reclamación por accidente de tráfico

La reforma del Código Penal: la nueva reclamación por accidente de tráfico


Accidentes de tráfico y reforma del Código Penal: así están las cosas

La reciente reforma del código penal abre un escenario esperanzador pero aún borroso en la relamación por accidente de tráfico. Queda mucho por hacer.

Finalmente la reforma del código penal que nos trasladaba nuestro compañero Francisco Parres a modo de privilegiada primicia, y a la que nos referíamos en un artículo hace apenas unas semanas, se ha transformado  en una realidad que a falta de superar el trámite del Senado promete cambiarlo todo en materia de reclamación de lesiones en accidente de tráfico antes de que acabe este año 2018.

Nos ha ido contando el compañero cómo iban evolucionando las cosas a pie de campo, cómo los diferentes grupos políticos iban cambiando de opinión sobre la marcha, cómo lo que un día parecía claro al día siguiente devenía en antesala de un imposible, y finalmente cómo la iniciativa de unos pocos y el sentido común (o el miedo al qué dirán) de otros cuantos desembocó en una vuelta a la lucidez en esta materia tan sensible.

La reforma del Código Penal: Cómo queda todo.

Empecemos por lo esencial. La reciente reforma del código penal ha cristalizado en la creación/modificación de los siguientes artículos (en negrita la parte nueva):

Artículo 142.

El que por imprudencia grave causare la muerte de otro, será castigado, como reo de homicidio imprudente, con la pena de prisión de uno a cuatro años.

Si el homicidio imprudente se hubiera cometido utilizando un vehículo a motor o un ciclomotor, se impondrá asimismo la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de uno a seis años. A los efectos de este apartado, se reputará en todo caso como imprudencia grave la conducción en la que la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el artículo 379 determinara la producción del hecho.

Si el homicidio imprudente se hubiera cometido utilizando un arma de fuego, se impondrá también la pena de privación del derecho al porte o tenencia de armas por tiempo de uno a seis años.

Si el homicidio se hubiera cometido por imprudencia profesional, se impondrá además la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo por un periodo de tres a seis años.

El que por imprudencia menos grave causare la muerte de otro, será castigado con la pena de multa de tres meses a dieciocho meses.

Si el homicidio se hubiera cometido utilizando un vehículo a motor o un ciclomotor, se podrá imponer también la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de tres a dieciocho meses. Se reputará imprudencia menos grave, cuando no sea calificada de grave,  siempre que el hecho sea consecuencia de una infracción grave de las normas sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, apreciada la entidad de ésta por el Juez o el Tribunal.

Si el homicidio se hubiera cometido utilizando un arma de fuego, se podrá imponer también la pena de privación del derecho al porte o tenencia de armas por tiempo de tres a dieciocho meses.

El delito previsto en este apartado solo será perseguible mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal.

Artículo 142 bis.

 En los casos previstos en el número 1 del artículo anterior, el Juez o Tribunal podrá imponer motivadamente la pena superior en un grado, en la extensión que estime conveniente, si el hecho revistiere notoria gravedad, en atención a la singular entidad y relevancia del riesgo creado y del deber normativo  de cuidado infringido, y hubiere provocado la muerte de dos o más personas o la muerte de una y lesiones constitutivas de delito del artículo 152.1. 2º o 3º en las demás, y en dos grados si el número de fallecidos fuere muy elevado.”

Artículo 152.

El que por imprudencia grave causare alguna de las lesiones previstas en los artículos anteriores será castigado, en atención al riesgo creado y el resultado producido:

1° Con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a dieciocho meses, si se tratare de las lesiones del apartado 1 del artículo 147.

2° Con la pena de prisión de uno a tres años, si se tratare de las lesiones del artículo 149.

3° Con la pena de prisión de seis meses a dos años, si se tratare de las lesiones del artículo 150.

Si los hechos se hubieran cometido utilizando un vehículo a motor o un ciclomotor, se impondrá asimismo la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de uno a cuatro años. A los efectos de este apartado, se reputará en todo caso como imprudencia grave la conducción en la que la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el artículo 379 determinara la producción del hecho.

Si las lesiones se hubieran causado utilizando un arma de fuego, se impondrá también la pena de privación del derecho al porte o tenencia de armas por tiempo de uno a cuatro años.

Si las lesiones hubieran sido cometidas por imprudencia profesional, se impondrá además la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo por un período de seis meses a cuatro años.

El que por imprudencia menos grave causare alguna de las lesiones a que se refieren los artículos 147.1,149 y 150, será castigado con la pena de multa de tres meses a doce meses.

Si los hechos se hubieran cometido utilizando un vehículo a motor o un ciclomotor, se podrá imponer también la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de tres meses a un año. Se reputará imprudencia menos grave, cuando no sea calificada de grave,  siempre que el hecho sea consecuencia de una infracción grave de las normas sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, apreciada la entidad de ésta por el Juez o el Tribunal.

Si las lesiones se hubieran causado utilizando un arma de fuego, se podrá imponer también la pena de privación del derecho al porte o tenencia de armas por tiempo de tres meses a un año.

El delito previsto en este apartado solo será perseguible mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal.

Artículo 152 bis.

 En los casos previstos en el número 1 del artículo anterior, el Juez o Tribunal podrá imponer motivadamente la pena superior en un grado, en la extensión que estime conveniente, si el hecho revistiere notoria gravedad, en atención a la singular entidad y relevancia del riesgo creado y del deber normativo de cuidado infringido, y hubiere provocado lesiones constitutivas de delito del artículo 152.1. 2º o 3º a una pluralidad de personas, y en dos grados si el número de lesionados fuere muy elevado.”

Artículo 382.

Cuando con los actos sancionados en los artículos 379, 380 y 381 se ocasionare, además del riesgo prevenido, un resultado lesivo constitutivo de delito, cualquiera que sea su gravedad, los Jueces o Tribunales apreciarán tan sólo la infracción más gravemente penada, aplicando la pena en su mitad superior y condenando, en todo caso, al resarcimiento de la responsabilidad civil que se hubiera originado.

Cuando el resultado lesivo concurra con un delito del artículo 381, se impondrá en todo caso la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores prevista en este precepto en su mitad superior.”

Artículo 382 bis.

El conductor de un vehículo a motor o de un ciclomotor que, fuera de los casos contemplados en el artículo 195, voluntariamente y sin que concurra riesgo propio o de terceros, abandone el lugar de los hechos tras causar un accidente en el que fallecieran una o varias personas o en el quese le causarelesión constitutiva de un delito del artículo 152.2, será castigado como autor de un delito de abandono del lugar del accidente.

Los hechos contemplados en este artículo que tuvieran su origen en una acción imprudente del conductor, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a cuatro años y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotoresde uno a cuatro años.

Si el origen de los hechos que dan lugar al abandono fuera fortuito le corresponderá una pena de tres a seis meses de prisión y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de seis meses a dos años.”

¿En qué afecta la reforma del código penal a la reclamación por lesiones?

La nueva redacción de la norma supone, de facto, la rentrée de la reclamación por daños personales en accidente de tráfico por vía penal, en un escenario muy similar al que nos encontrábamos en el 2015. En concreto, la posibilidad de acudir a la vía penal con la reforma del código nos viene dada tanto por la gravedad del daño (de las lesiones) como por la calificación de la infracción que genera el siniestro.

Así, se requiere -art 147.1- que como mínimo la lesión producida requiera, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico. La simple vigilancia o seguimiento facultativo del curso de la lesión no se considerará tratamiento médico. Es el mismo requisito que se exigía en la época dorada de los juicios de faltas, esto es, que no basta con aportar un parte de urgencias, sino que es preciso que la lesión haya precisado un tratamiento (consista este por ejemplo en rehabilitación, en la implantación de elementos inmovilizadores -como vendas, escayolas o apósitos- o por supuesto quirúrgico).

La nueva reforma del código penal, por otro lado (y ahí ha estado la genialidad de su modificación) define la negligencia grave y la menos grave. Si nos vamos a esta última, que es la que fija vía futuro artículo 152 del CP el listón mínimo para acceder a la jurisdicción penal, vemos que el código nos deriva a las infracciones tenidas por graves por la ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. Esto es (las negritas son mías):

 

Artículo 76. Infracciones graves.

Son infracciones graves, cuando no sean constitutivas de delito, las conductas tipificadas en esta ley referidas a:

a) No respetar los límites de velocidad reglamentariamente establecidos o circular en un tramo a una velocidad media superior a la reglamentariamente establecida, de acuerdo con lo recogido en el anexo IV.

b) Realizar obras en la vía sin comunicarlas con anterioridad a su inicio a la autoridad responsable de la regulación, ordenación y gestión del tráfico, así como no seguir las instrucciones de dicha autoridad referentes a las obras

c) Incumplir las disposiciones de esta ley en materia de preferencia de paso, adelantamientos, cambios de dirección o sentido y marcha atrás, sentido de la circulación, utilización de carriles y arcenes y, en general, toda vulneración de las ordenaciones especiales de tráfico por razones de seguridad o fluidez de la circulación.

d) Parar o estacionar en el carril bus, en curvas, cambios de rasante, zonas de estacionamiento para uso exclusivo de personas con discapacidad, túneles, pasos inferiores, intersecciones o en cualquier otro lugar peligroso o en el que se obstaculice gravemente la circulación o constituya un riesgo, especialmente para los peatones.

e) Circular sin hacer uso del alumbrado reglamentario.

f) Conducir utilizando cualquier tipo de casco de audio o auricular conectado a aparatos receptores o reproductores de sonido u otros dispositivos que disminuyan la atención permanente a la conducción.

g) Conducir utilizando manualmente dispositivos de telefonía móvil, navegadores o cualquier otro medio o sistema de comunicación, así como utilizar mecanismos de detección de radares o cinemómetros.

h) No hacer uso del cinturón de seguridad, sistemas de retención infantil, casco y demás elementos de protección.

i) Circular con menores de doce años como pasajeros de ciclomotores o motocicletas, o con menores en los asientos delanteros o traseros, cuando no esté permitido.

j) No respetar las señales y órdenes de los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico.

k) No respetar la luz roja de un semáforo.

l) No respetar la señal de stop o la señal de ceda el paso.

ll) Conducir un vehículo siendo titular de una autorización que carece de validez por no haber cumplido los requisitos administrativos exigidos reglamentariamente en España.

m) Conducción negligente.

n) Arrojar a la vía o en sus inmediaciones objetos que puedan producir incendios o accidentes, o que obstaculicen la libre circulación.

ñ) No mantener la distancia de seguridad con el vehículo precedente.

o) Circular con un vehículo que incumpla las condiciones técnicas reglamentariamente establecidas, salvo que sea calificada como muy grave, así como las infracciones relativas a las normas que regulan la inspección técnica de vehículos.

p) Incumplir la obligación de todo conductor de verificar que las placas de matrícula del vehículo no presentan obstáculos que impidan o dificulten su lectura e identificación.

q) No facilitar al agente de la autoridad encargado de la vigilancia del tráfico en el ejercicio de las funciones que tenga encomendadas su identidad, ni los datos del vehículo solicitados por los afectados en un accidente de circulación, estando implicado en el mismo.

r) Conducir vehículos con la carga mal acondicionada o con peligro de caída.

s) Conducir un vehículo teniendo prohibido su uso.

t) Circular con un vehículo cuyo permiso de circulación está suspendido.

u) La ocupación excesiva del vehículo que suponga aumentar en un 50 por ciento el número de plazas autorizadas, excluida la del conductor.

v) Incumplir la obligación de impedir que el vehículo sea conducido por quien nunca haya obtenido el permiso o la licencia de conducción correspondiente.

w) Incumplir las normas sobre el régimen de autorización y funcionamiento de los centros de enseñanza y formación y de los centros de reconocimiento de conductores acreditados por el Ministerio del Interior o por los órganos competentes de las comunidades autónomas, salvo que puedan calificarse como infracciones muy graves.

x) Circular por autopistas o autovías con vehículos que lo tienen prohibido.

y) No instalar los dispositivos de alerta al conductor en los garajes o aparcamientos en los términos legal y reglamentariamente previstos.

z) Circular en posición paralela con vehículos que lo tienen prohibido.

En definitiva, entran por esta vía desde las colisiones por alcance hasta los adelantamientos deficientes, pasando por los típicos siniestros en rotonda hasta los provocados por la falta de diligencia en un cruce sin preferencia. Cualquier lesión que requiera tratamiento médico (o rehabilitador) y que derive de una negligencia de esta índole o superior podrá solicitar el amparo de la jurisdicción penal.

Vale, pero ¿qué pasa con el baremo de accidentes?

Me anuncia el compañero Parres que el día once de este mes ha de intervenir en la comisión del baremo, a fin de armonizar la necesaria nueva redacción de éste con la reforma del código penal en enmiendas reforma código penalciernes, y de paso para exponer ante la comisión aquellos aspectos de dicha norma que no funcionan (o que solo tienen cabida dentro del desproporcionado desequilibrio de fuerzas que la ley 35/2015 instauró entre aseguradoras y víctimas).

Dentro de este contexto me ha pedido el compañero mi parecer respecto de las modificaciones que deberían introducírsele al baremo de tráfico, encargo que acepto halagado y a la vez plenamente identificado con la causa, no en vano los asiduos del blog de FM Abogados Tenerife saben que desde el principio -antes incluso de que la ley 35/2015 entrara en vigor- hemos sido especialmente críticos con las perniciosas consecuencias que nadie más que nosotros parecía ver venir. Es un triste consuelo, nos dirán, poder despojarse de la etiqueta de exagerados o  disidentes sin causa que algunos nos colgaron y recordar- sin rencor y con la boca pequeña, pero recordar que-: todo esto ya dijimos nosotros que pasaría, incluso cuando la maquinaria des-informativa de los lobbys tatuaba los periódicos con frases como: las indemnizaciones se triplican gracias al nuevo baremo de tráfico.

En fin, vamos al lío. Los abogados de accidentes de tráfico que suscriben proponen atacar los siguientes puntos:

Está claro que el perfl asimétrico que propone el baremo, con preponderancia temporal y de la otra del perito de la aseguradora, se da de patadas con la aparición del médico forense del juzgado desde los primeros estratos de la reclamación.  Esto ha de entrañar una revisión del artículo 37, en el sentido de que el “informe médico definitivo” (como grandilocuentemente bautizó la comisión del baremo a lo que no es sino un informe pericial de parte) ha de volver a su redil de informe contradictorio respecto del emitido por el forense, se conserve o no la obligatoriedad de la víctima de dejarse visitar por dicho perito.

En otro orden de cosas, la reclamación inicial contenida en el artículo 7 también ha de pasar por el tamiz de la reforma del código penal. No tendría sentido que la víctima no pudiera denunciar unos hechos o personarse en una causa abierta por un atestado o un informe de urgencias hasta que no hubiera dejado transcurrir todos los plazos que contempla dicho artículo para la reclamación extrajudicial. Es más, habida cuenta de que para acceder al forense es precisa la interposición de la denuncia, a buen seguro desaparecerán las reclamaciones extrajudiciales, siendo sustituidas por negociaciones en el seno de un procedimiento abierto. Así, decimos, la reclamación inicial deberá sustituirse por la necesaria notificación por parte del juzgado a la aseguradora respecto de la existencia de una reclamación por lesiones, a fin de que la compañía pueda comparecer en el procedimiento y aportar si lo desea periciales de todo tipo.

La propia oferta motivada deberá encontrar acomodo dentro del proceso penal, bien al amparo de los informes de estado del forense, bien en base a la propia previsión efectuada por sus servicios periciales. Lo mismo ha de caber respecto de la respuesta motivada.

Se ha de prevenir y hallar una solución, asimismo, a aquellas reclamaciones que finalizan con una sentencia o resolucíón absolutoria. Hemos de tener claro que el artículo 1 de la LRCSCVM establece el derecho a percibir una indemnización salvo que se acredite la culpa exclusiva de la víctima (y ni tan siquiera esto sería válido si ésta es menor de catorce años). Esta responsabilidad quasiobjetiva no encaja del todo bien con la exigencia del ámbito penal respecto de la necesidad de acreditar un cierto grado de negligencia y de individualizar éste. Por lo tanto, es lógico suponer que -tal como pasaba antes del 2015- nos toparemos con sentencias penales absolutorias por falta de pruebas que en cambio sí tendrían visos de prosperar en la jurisdicción civil. En ese sentido no sería mala idea darle al botón de rebobinar y volver a modificar el artículo 13 de la ley de responsabilidad y seguro a fin de que se pudiera recoger en un auto de cuantía también en estos casos la cantidad máxima que la víctima podría reclamar en vía civil.

Otro artículo al que deberíamos colocarle el cartelito de derribo inminente es el infausto 135 del baremo, que establece una especie de gincana a superar por las víctimas de accidentes de tráfico que resulten con un latigazo cervical o lesión muscular de similar signo. Estos perjudicados (que comprenden más del ochenta por ciento de los casos) ven en la actualidad cómo su indemnización pasa a depender de lo que hayan tardado en acudir al hospital, de la entidad de la factura de reparación de los coches que intervinieron en la colisión, de su estado de salud previo al siniestro, etc. Habremos de partir de la premisa de que la función del forense es doble: cuantificar las lesiones sufridas, trasladándolas a un sistema legal establecido de valoración pecuniaria, y por otro lado establecer la causalidad entre aquéllas y el propio accidente de tráfico. Por lo tanto, estará mucho más cualificado un médico -que además no tiene interés directo en la causa- para determinar si unas determinadas lesiones existen y son de origen traumático y coincidente con la dinámica de un accidente de tráfico dado, antes que un perito biomecánico de parte pertrechado con una foto difusa de un coche siniestrado extraída de un teléfono móvil y con la factura de talleres Manolito. Así las cosas, sería bueno desterrar criterios poco fidedignos e interesados como la intensidad, más allá de los reparos que para cada caso concreto pueda oponer la aseguradora respecto a los daños materiales habidos en relación con los personales supuestos, pero, repito, sin que este tipo de pruebas tengan una prevalencia legislativa respecto de otros más lógicos y sensatos, como sucede en la actualidad.

Enlazado con lo anterior, y pese a que igual queda fuera del ámbito del encargo, sería interesante que se pudiera poner trabas legales de algún tipo a barbaridades como las contenidas en el convenio de asistencia sanitaria, donde a base de presiones se ha conseguido arrancar de los centros hospitalarios la promesa de no atender a las víctimas de accidentes de tráfico que no cumplan con los criterios de intensidad que calcule como buenamente le dé la gana la entidad aseguradora de turno. Y desde luego, si es factible que se prohíba preventivamente el inminente pacto por el que se autoriza que la aseguradora entregue una cantidad fija al centro médico a fin de que con ese dinero éste se ocupe de toda la rehabilitación, tratamiento y pruebas de un determinado lesionado de tipo muscular/cervical. Esta medida no busca sino incentivar a los centros sanitarios para que elijan entre dar el alta a los lesionados antes de tiempo y desde luego sin  causa vinculada a su propio estado de salud, o bien a tener que cerrar por prestar servicios antieconómicos.

Obviamente, ha de desaparecer el artículo relativo a la mediación, que es una figura que en modo alguno puede hallar acomodo en sede penal, y que en cualquier caso ha demostrado ser un fiasco -más- de este despropósito llamado baremo (¿algún compañero sabe de un solo accidente de tráfico con lesiones que se haya resuelto gracias a la intervención de un servicio de mediación?)

Aunque por lo que sé este apartado ya estaba preaprobado por la propia comisión de seguimiento, habría que recordar sustituir el criterio actual de actualización (basado en las rentas) por el tradicional que toma como referencxia el incremento del índice de precios al consumo, si  no queremos que las ya de por sí exiguas indemnizaciones se vean encima desfasadas con el paso del tiempo.

Hay otro apartado que puede parecer oportunista, pero no lo es, y tiene que ver con los gastos del proceso. En la actualidad se permite que la aseguradora decida tres puntos clave en relación con la cobertura de defensa jurídica:

  • En base a qué criterio se han de calcular los honorarios.
  • El límite de la cobertura por siniestro (con independencia del número de perjudicados)
  • La condición que se ha de tener para ser beneficiario de esta cobertura (siempre el conductor autorizado o el asegurado, a veces el ocupante)

Es necesario que -con algún límite lógico que evite las picarescas- la cobertura de defensa jurídica pase a cubrir a todos los ocupantes del vehículo, y comprender los gastos de abogado, procurador y si es preciso perito REALES. Esto es, si el abogado cobra a porcentaje, ¿por qué la aseguradora solo devuelve en base al colegio profesional (honorarios que además ya han caído en desuso desde hace años)?. Y por supuesto -el TS ya se ha pronunciado al respecto- ha de declararse como ilegal cualquier cláusula que limite cuantitativamente el derecho a la defensa de las víctimas. ¿Qué es eso de que le ponemos a su disposición un abogado propio, pero si elige uno privado sólo cubrimos 600 euros por siniestro?

A vuelapluma, estas son las principales inconsistencias que veo en el baremo y legislación circundante respecto de la reforma del código penal. Hay menudencias que podrían también entrar en el debate (deberíamos establecer alguna pauta, por ejemplo, menos borrosa para distinguir días moderados y básicos, o cortar el nudo de un tajo y fijar todos los días no hospitalarios a 50 euros, y acabamos de un golpe con el cincuenta por ciento de la litigiosidad), pero al menos para ir tirando yo creo que con estas reformas ya entraríamos en un escenario mucho más lógico y justo.

 

Por supuesto, nos encantaría que los compañeros pudieran aportar en forma de comentarios cualquier idea o corrección que estimaran oportuna. Francisco tiene prevista su intervención para el once de noviembre, así que tenemos aún tiempo para poner nuestro granito de arena en esta reconquista de derechos que inició Anna González.

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